8 de diciembre de 2025
Las autoridades españolas investigan una presunta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un caso que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido como uno de los “bolichicos” y propietario de diversos negocios, entre ellos la marca española de gafas de sol Hawkers.
La causa, tramitada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y dirigida por el juez Santiago Pedraz, mantiene imputadas a seis personas. La investigación se centra en lo que la Fiscalía Anticorrupción describe como “una operación de saqueo del Estado venezolano”, articulada mediante operativas de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.
Declaración en Londres y solicitud de extradición
Betancourt, actualmente en libertad bajo fianza en el Reino Unido, fue detenido en Londres en octubre, momento en el que el juez Pedraz logró tomarle declaración. España llegó a solicitar su extradición, según confirmaron fuentes jurídicas citadas por El País, aunque la orden quedó sin efecto tras la comparecencia del empresario.
Origen de la investigación: la “Operación Bolívar”
La Fiscalía Anticorrupción recibió el 10 de septiembre de 2024 una solicitud de colaboración de la Fiscalía de Zúrich (Suiza), que investigaba el presunto blanqueo de capitales relacionado con Pdvsa y con la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, en una causa denominada “Operación Bolívar”.
Según la información publicada, las autoridades suizas llevaban años reuniendo datos después de recibir una “información espontánea” del Departamento de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos, que alertó del flujo irregular de fondos venezolanos hacia cuentas en Europa.
Ante la gravedad de las sospechas, España abrió una investigación propia centrada en el esquema de desvío de fondos desde Venezuela.
El presunto desfalco: 2010–2019
De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso El País, la Fiscalía sostiene que el desfalco comenzó alrededor de 2010, cuando Betancourt y otros empresarios —entre ellos su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau y Francisco Convit— habrían empezado a desviar patrimonio de Pdvsa mediante un complejo entramado de sociedades opacas.
Las operaciones, según fuentes jurídicas, pudieron prolongarse al menos hasta 2019.
El 17 de junio de 2025, el Ministerio Público español interpuso formalmente una querella contra los señalados, junto a otras tres personas, todas vinculadas a la red que acumuló una gran fortuna entre 2009 y 2011.
Sobornos, inversiones y blanqueo en España
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los acusados pagaron sobornos a funcionarios venezolanos por un total de 42 millones de euros para facilitar el traslado ilícito de fondos desde Venezuela. Una parte significativa de ese dinero habría sido invertida posteriormente en España en bienes muebles, inmuebles, sociedades y compra de acciones.
Los funcionarios venezolanos implicados ya habrían reconocido su participación ante la justicia estadounidense, donde fueron declarados culpables y condenados, lo que confirma —según la Fiscalía— el origen delictivo del dinero. A partir de esa base, España y Suiza indagan el presunto blanqueo en sus respectivos territorios.
Las sociedades utilizadas para canalizar los fondos
La investigación identifica como piezas clave del entramado a las sociedades Violet Advisors y Welka Holding. Según la documentación consultada por El País, Pdvsa transfirió a tres cuentas de Violet Advisors, abiertas en Suiza, más de 3.800 millones de dólares, fondos que habrían sido posteriormente desviados y redistribuidos mediante estructuras financieras opacas.
Una red que movió dinero durante años a través de múltiples países
Según la investigación, durante años el dinero presuntamente desviado de Pdvsa viajó a través de sociedades registradas a distintos nombres y en múltiples jurisdicciones, hasta terminar vinculado a Alejandro Betancourt y al resto de los investigados. El juez Pedraz acusa al empresario venezolano de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Cuando la operación policial en España se activó y se registraron algunas de sus propiedades, Betancourt no se encontraba en Madrid. Por ello, el magistrado dictó una orden internacional de detención, tras la cual fue localizado y arrestado en Londres. Según fuentes jurídicas citadas por El País, el empresario quedó en libertad después de una comparecencia por videollamada.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó su extradición a España, pero el 27 de octubre el juez Pedraz dejó sin efecto tanto esta petición como las órdenes de detención internacionales, una vez que Betancourt prestó declaración formal.
La Fiscalía destaca que, aunque esta causa está conectada con otras investigaciones abiertas en España en 2017 y 2019 contra ciudadanos venezolanos, los hechos ahora bajo la lupa —aportados por Suiza— son nuevos y no habían sido judicializados previamente. Betancourt permanece en libertad bajo fianza en el Reino Unido y, desde dos propiedades de lujo, libra una batalla legal para evitar su entrega a España.
El juez Pedraz ha enviado peticiones de información a Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Canadá, Estados Unidos, Austria y Reino Unido para intentar desentrañar el entramado financiero utilizado para el presunto lavado de activos.
Un patrimonio multimillonario
El patrimonio de Alejandro Betancourt se estima en 3.470 millones de dólares. El empresario alquila propiedades bajo fianza y posee viviendas en París, Nueva York, Florida y España, donde incluso adquirió un castillo en la cima de una colina por 28 millones de dólares. A ello se suma un amplio portafolio de inversiones inmobiliarias y corporativas en Europa y Estados Unidos.
Betancourt es presidente y director ejecutivo de Derwick Associates, además de accionista mayoritario del grupo internacional de inversiones O’Hara Administration y director de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production Corporation. También ejerce como presidente de Hawkers, la conocida firma española de lentes de sol.
Según Transparencia Venezuela, el empresario amasó su fortuna gracias a los millonarios contratos obtenidos por Derwick Associates durante la emergencia eléctrica que enfrentó Venezuela a partir de 2009. En menos de 14 meses, la compañía recibió 12 contratos para construir plantas eléctricas, a pesar de no tener trayectoria acreditada en obras civiles. La organización calcula que el Estado venezolano pagó 2.900 millones de dólares en presuntos sobreprecios.
El ascenso de Betancourt, según estas investigaciones, habría estado vinculado a su cercanía con Javier Andrés Alvarado Pardi, hijo del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa, también investigado por corrupción en varios países.
La fortuna y los negocios que lograron Betancourt, Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga —quien se fugó de una sede del Sebin— dieron origen al apodo con el que terminaron siendo conocidos: “los bolichicos”.
Betancourt niega los cargos
El empresario ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y continúa impugnando la solicitud de extradición. Está prevista una audiencia de cinco días en mayo, en la que se definirá su situación ante la justicia británica y española.
