El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por supuesta «quiebra fraudulenta» de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD.
Según Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino también contra los miembros del directorio y los beneficiarios finales, por presuntas irregularidades en la gestión de activos por aproximadamente USD 1.500 millones, así como falsificación de documentos.
Los abogados que representan a clientes afectados explican que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público de Curazao, e incluye cargos contra nombres como Víctor Vargas Irausquin, su yerno Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú (bisnieto de Francisco Franco y de Alfonso XIII de España), los directores Joel Santos Tobio y Santos Alonso Ramos, entre otros.
Víctor Vargas ha enfrentado problemas similares en otras entidades del Caribe, como el BOI Bank en Antigua y Bancamérica en República Dominicana. Mientras que en Panamá la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de arresto en agosto de 2021 contra Vargas por un presunto fraude con AllBank, banco de su propiedad. El modus operandi de Vargas y su grupo consistía en rotar el mismo dinero entre diferentes bancos para respaldar las reservas y depósitos, logrando evadir así los sistemas de supervisión de cinco países.
El Banco Central de Curazao habría señalado que la documentación presentada por el banco respecto a sus activos —en particular bonos de deuda venezolana— no tiene respaldo legítimo, lo que fundamenta la calificación de “quiebra fraudulenta”.
Al respecto, los denunciantes exigen que los acusados rindan cuentas ante las autoridades judiciales locales, especialmente por la desaparición de aproximadamente USD 854 millones que la entidad adeudaría a sus clientes.
El conflicto legal ya suma varios años. La filial offshore del BOD afecta, según registros, a unos 2.441 clientes naturales y jurídicos. Desde la intervención del BOD en Venezuela en 2019, el proceso de liquidación y venta de activos ha generado múltiples controversias judiciales bajo supervisión de las autoridades venezolanas.
El juicio penal contra Víctor Vargas, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y demás directivos del Banco del Orinoco N.V. tendría repercusiones no solo en Curazao, sino también en el Reino de los Países Bajos, Estado miembro de la Unión Europea. En la práctica, esto significa que, en caso de una condena, las víctimas podrían solicitar el embargo de bienes y activos de los acusados en Curazao y en los Países Bajos, y, mediante mecanismos de cooperación judicial internacional, también en otros países de la Unión Europea.
El esquema Ponzi de Víctor Vargas
Como explicamos en la nota publicada por Cuentas Claras Digital en octubre de 2021, la pirámide de Vargas consistía en entrelazar todos su entes relacionados de forma tal que pudiese ocultar las debilidades de su grupo financiero. Esa cadena de relaciones – de depósitos cruzados, inversiones en filiales, bancos del grupo actuando de custodios de otras filiales – tenía como objetivo ocultar debilidades, alcanzar un mayor nivel de apalancamiento, manteniendo un manejo centralizado de caja y sin tener una supervisión consolidada, que permitiera desmontar los balances e identificar el verdadero capital que soportara los riesgos en las operaciones del grupo.
De esa manera, el Banco Occidental de Descuento se convertía en accionista del Banco del Orinoco, eso le permitía realizar operaciones cambiarias encubiertas, a su vez tenía sus valores en custodia en BOI en Antigua, el Banco en Panamá se convertía, por su parte, en receptor de depósitos del banco en Curazao, financiado con operaciones originadas en Venezuela. Todas estas operaciones que ninguna regulación bancaria permitiría en su jurisdicción, son posibles sólo bajo una supervisión fragmentada en la cual las autoridades bancarias actúan a ciegas. A los ojos de cualquiera que realizase un análisis consolidado del grupo, eliminando todas las inversiones cruzadas, descubriría muy fácilmente que en realidad se trataba de muy poco capital para apalancar las actividades del grupo. Especialmente cuando buena parte del riesgo, la apuesta fundamental de Vargas, era la deuda venezolana y las operaciones cambiarias en Venezuela.
Los negocios con el diferencial cambiario, una vez más
La base del juego piramidal de Vargas eran las operaciones cambiarias en Venezuela. El BOD era en buena medida el centro del grupo, no solo porque allí se encontraba el cerebro financiero, sino también por cuanto era la palanca para el posicionamiento del principal activo en el balance: los papeles de deuda soberana y Pdvsa. En la medida en que buena parte de la fuga de capitales en el país se realizó a través de las emisiones en dólares, compradas en bolívares, que permitieron el trasvase del control cambiario, el grupo de Vargas – con operaciones en Curazao, Antigua, Panamá y República Dominicana – se convirtió en una especie de mecanismo de centrífuga para las operaciones alrededor del control de cambio en Venezuela.
