Por Omar González Moreno_
El próximo 18 de marzo, la Misión de Verificación de Hechos de la ONU presentará un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de violación de derechos fundamentales, torturas y asesinatos de perseguidos politicos en Venezuela.
Este informe, que se espera con gran expectación, abordará las violaciones sistemáticas y generalizadas que han afectado a la población venezolana, desde ejecuciones extrajudiciales hasta torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos, por parte del régimen de Nicolas Maduro.
En este contexto, tambien está prevista la llegada de una nueva comisión de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que añade una capa adicional a la ya insostenible permanencia de Maduro en el poder.
Esta misión se considera un paso preliminar hacia la posible emisión de órdenes de captura internacionales contra el dictador Nicolás Maduro y sus cómplices, señalando que las acciones cometidas en Venezuela no quedarán impunes.
La comunidad nacional e internacional observa con atención y esperanza que estos esfuerzos de la ONU y la CPI resulten en justicia para el pueblo venezolano.
A pesar de las adversidades, las voces de los ciudadanos siguen alzándose en búsqueda de derechos y dignidad.
Este nuevo informe y la intervención de la CPI son un reflejo del deseo global de poner fin a la crisis y recuperar la esperanza en un futuro donde la libertad y la justicia prevalezcan.
Este momento histórico no solo es crucial para Venezuela, sino también para el sistema internacional de derechos humanos.
Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían precipitar la caída de Maduro y sus secuaces, así como sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en toda la región y reafirmar el compromiso global con la protección de los derechos humanos.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de mantenerse firme en su apoyo al pueblo venezolano, y estos informes son un llamado urgente a la acción.
