El pasado martes 8 de abril, el Contralor General, Anel Flores, abordó las serias irregularidades que rodean la prórroga del contrato con Panama Ports Company (PPC), un proceso que se desarrolló durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. El punto central expuesto por Flores fue contundente: dicha prórroga, base de la continuidad de la concesión, “jamás fue refrendado” por la Contraloría General de la República.
Se planteó durante la entrevista que una auditoría específica fue considerada la “piedra angular” para justificar esta extensión contractual. El Contralor procedió a detallar su perspectiva sobre la validez y el manejo de dicha auditoría, cuyas conclusiones impactaron decisiones tomadas en el periodo presidencial anterior. Flores agradeció la oportunidad para clarificar estos puntos críticos ante la opinión pública.
Auditoría clave de 2021, base de decisión en era Cortizo, señalaba falencias
Al profundizar en la auditoría original de junio de 2021, el Contralor Flores confirmó que este informe fue presentado como la justificación o “piedra angular” para la renovación automática de la concesión a Panama Ports, una decisión que se materializó durante la administración de Laurentino Cortizo.
Sin embargo, Flores denunció que la interpretación y uso de dicho informe fueron “tergiversados”. Sostuvo enfáticamente que, contrario a lo que se utilizó para justificar la prórroga bajo el Gobierno de Cortizo, la auditoría original de la Contraloría evidenciaba “falencias” significativas en el contrato y en el cumplimiento por parte de la empresa.
Según el Contralor, el documento base en el que se apoyó la decisión de renovación no certificaba un cumplimiento pleno, sino que alertaba sobre incumplimientos existentes.
Incumplimientos documentados antes de la prórroga otorgada por Gobierno de Cortizo
Detallando las irregularidades detectadas en la auditoría de 2021, la cual precedió o fue contemporánea a la decisión de prorrogar el contrato bajo el Gobierno de Laurentino Cortizo, el Contralor Flores señaló incumplimientos específicos y graves. Indicó que, por ejemplo, nunca se pudo verificar la inversión comprometida de 1,000 millones de dólares por parte de Panama Ports, un requisito clave de la adenda 3 del contrato.
La auditoría, realizada antes de la formalización final de la extensión, solo logró certificar 695 millones de dólares de inversión. Flores recalcó que esta fue la única cifra fundamentada en ese momento crucial.
Más allá de la inversión, el informe de la Contraloría, disponible durante el proceso decisorio de la administración Cortizo, documentaba otros “incumplimientos sustanciales” – término que Flores enfatizó – en diversas áreas del contrato. Las recomendaciones de esa auditoría, basadas en estas falencias detectadas, aparentemente no impidieron que se avanzara con la prórroga bajo dicho Gobierno.
Administración Cortizo habría utilizado auditoría “tergiversada” para justificar prórroga
El Contralor Flores denunció el manejo que se le dio al informe de auditoría de la Contraloría de 2021 durante el proceso que culminó con la prórroga del contrato bajo la administración de Laurentino Cortizo. Según Flores, este informe, que señalaba falencias, fue “tergiversado” y utilizado “solamente como fundamento para darle validez” a una auditoría posterior realizada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Flores criticó duramente la auditoría de la AMP – completada en apenas tres días – la cual, a diferencia del informe contralor, sí concluyó que Panama Ports cumplía “con toda cabalidad”. Indicó que fue esta conclusión favorable de la AMP la que aparentemente prevaleció o fue aceptada por la administración Cortizo, utilizando menciones al informe de la Contraloría para darle un aparente respaldo, a pesar de las contradicciones.
El Contralor insistió en que el informe original, disponible para el gobierno de Cortizo, era claro al señalar solo un cumplimiento “sustancial” (parcial), no el 100% que exigía el contrato y que la AMP afirmó encontrar. Esta diferencia fundamental parece no haber sido un obstáculo para la decisión tomada durante ese período presidencial.
Falta de refrendo bajo mandato de Cortizo deja contrato en “limbo legal”
Un punto crítico resaltado por el Contralor Flores es la ausencia del refrendo obligatorio de la Contraloría para la renovación del contrato con Panama Ports, un requisito legal ineludible que no se cumplió durante el proceso finalizado bajo la administración de Laurentino Cortizo. Flores fue enfático: “eso jamás sucedió”.
Esta omisión fundamental, ocurrida durante el mandato de Cortizo, sume al contrato en un “limbo legal”, según el Contralor. Aunque Flores aclaró que la decisión sobre una posible anulación recae ahora en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), subrayó que la base de la irregularidad – la falta de refrendo – se gestó y concretó bajo el Gobierno anterior.
Desde la perspectiva del Contralor, no haber obtenido este refrendo durante la administración Cortizo, un paso mandatorio por la Ley de Puertos, constituye una “violación importante” que compromete la validez y continuidad del acuerdo tal como fue prorrogado en ese periodo.
En el contexto de la prórroga del contrato, resurgieron las críticas sobre las desproporcionadas cifras financieras. Se recordó que, según análisis previos, la empresa habría obtenido miles de millones mientras entregaba al Estado una suma considerada irrisoria, calificada en su momento incluso como una “propina”, una situación heredada pero vigente al momento de la renovación.
El Contralor Flores, aludiendo a una “mala negociación” por parte de “malos panameños”, evitó señalar directamente a funcionarios específicos del Gobierno de Cortizo respecto a la negociación original de 2002, pero sí apuntó a la responsabilidad de directores de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de ese periodo más reciente por aprobar el “entuerto” de la renovación.
Flores actualizó las cifras globales (5,400 millones de ingresos para la empresa vs. 483 millones para Panamá) y detalló cómo un cambio contractual clave en 2002 – mucho antes del gobierno de Cortizo – eliminó pagos fijos cruciales para el Estado, sustituyéndolos por un porcentaje de la ganancia neta. Según el Contralor, aunque el origen del perjuicio es anterior, la decisión de prorrogar el contrato bajo la administración Cortizo, basada en auditorías cuestionadas y sin el refrendo contralor, efectivamente consolidó y extendió esta estructura financiera perjudicial para los intereses panameños.
Además, denunció que la obligación contractual de revisar y aumentar las tarifas de contenedores cada cinco años no se cumplía desde 2010. Esta omisión, que abarcó parte del período de Cortizo, significaba que al momento de decidir la prórroga, existían casi tres revisiones tarifarias pendientes que beneficiarían al Estado, pero que no se habían exigido ni implementado. La decisión de la administración Cortizo de prorrogar el contrato se tomó, por tanto, ignorando estas significativas fallas de supervisión y la pérdida de ingresos potenciales para Panamá.
Contralor acusa a Cortizo de avalar acto “totalmente ilegal” y de no leer auditoría clave
Al abordar directamente unas declaraciones del expresidente Laurentino Cortizo realizadas el 1 de julio de 2021, donde aseguraba que la auditoría de la Contraloría había confirmado el cumplimiento de Panama Ports, el Contralor Anel Flores ofreció una réplica contundente y directa. “Obviamente el presidente Cortizo no leyó la auditoría”, afirmó Flores, añadiendo que al hacer esa afirmación, Cortizo “avaló algo que era totalmente ilegal”. El Contralor insistió en que su informe indicaba solo un cumplimiento “sustancial” (parcial), contradiciendo la versión presentada por el entonces mandatario.
Flores recordó que, aunque el perjudicial cambio contractual original data de 2002, fue la administración Cortizo la que, basándose en información supuestamente tergiversada y sin el refrendo obligatorio, decidió prorrogar el acuerdo. Señaló que Cortizo, como “regente final” del Estado en ese momento, tendría que responder por las decisiones tomadas y las afirmaciones hechas, calificando el discurso de Cortizo ante la Asamblea Nacional como “lleno de falsedades”.
El Contralor también cuestionó las cifras celebradas por Cortizo en 2021, como los 162 millones de dólares. Explicó que gran parte de ese monto correspondía a dividendos retenidos por años a Panamá y no a nuevos beneficios, y criticó las “donaciones” mencionadas por Cortizo (como 20 millones para internet) como una forma de aparentar generosidad con dinero que, en realidad, ya pertenecía o debía pertenecer al Estado panameño según el contrato original.
Si bien el Contralor indicó que la querella se presentará contra quienes resulten directamente involucrados según las pruebas, dejó clara la responsabilidad política y administrativa del expresidente Cortizo en la convalidación de una prórroga irregular y perjudicial, basada, según él, en una lectura incorrecta o inexistente de los informes cruciales de la Contraloría. Anunció que las auditorías se publicarán pronto para exponer la verdad de los hechos ocurridos durante esa administración.
Interrogantes sobre el papel del excontralor Solís en prórroga aprobada por Cortizo
Durante la entrevista del pasado 8 de abril, surgieron cuestionamientos sobre el rol del excontralor Gerardo Solís, quien ocupaba el cargo cuando se gestionó y publicó en Gaceta Oficial (junio de 2021) la prórroga del contrato con Panama Ports sin el refrendo contralor, bajo la administración de Laurentino Cortizo.
Se planteó directamente si Solís tenía conocimiento de que la prórroga carecía del refrendo obligatorio y por qué, en tal caso, no habría informado de esta irregularidad crucial al entonces presidente Cortizo. Se señaló además la aparente contradicción, dado que Solís formaría parte de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad también implicada.
Ante estas interrogantes, el actual Contralor, Anel Flores, evitó adjudicar responsabilidades directas a su predecesor. “Son preguntas que le pueden hacer a él. Yo no puedo responder por él”, declaró Flores, limitándose a reiterar sus propios hallazgos sobre la auditoría que indicaba cumplimiento parcial (sustancial) y la inexistencia del refrendo.
No obstante, al señalar que “ellos no leyeron eso [la auditoría correctamente] o simplemente omitieron mencionarlo”, y al referirse a la “sombra” que cubre el hecho de que dicha auditoría crítica no fuera publicada durante la gestión de Solís, Flores dejó entrever dudas sobre la actuación de la Contraloría en ese período, la cual no habría alertado o impedido la formalización de una prórroga considerada ilegal.
