La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. La operación, ejecutada este jueves, abre un nuevo capítulo en la larga sombra de controversias que rodean a una aerolínea.
La intervención policial, según fuentes conocedoras de la investigación, se produjo a primera hora de la mañana. Los agentes de la UDEF se desplazaron para practicar los arrestos en el marco de unas diligencias que permanecen bajo secreto y de las que, por ahora, no han trascendido más detalles. Los responsables legales de la compañía no han ofrecido por el momento una versión pública sobre los motivos de las detenciones.
Según fuentes policiales, los agentes han accedido a archivos internos y sistemas informáticos de la aerolínea, además han realizado volcados y copias de los datos de los móviles y equipos para analizar comunicaciones y pruebas digitales. La investigación se centra en posibles movimientos económicos sospechosos que podrían estar vinculados a la gestión y uso de dinero público.
El mismo juzgado ya archivó en enero de 2023 la causa
Cabe destacar que este mismo juzgado, el de Instrucción número 15 de Madrid, ya archivó en enero de 2023 la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra durante la pandemia.
En aquel momento, la jueza Esperanza Collazos dictó el sobreseimiento después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la posición de la aerolínea y dejara claro que no podía declararse investigado al representante legal de la compañía porque ya había transcurrido el plazo máximo de 12 meses que la ley establece para las diligencias de investigación.
En su auto, la magistrada explicó que, con las pruebas que había en la causa y sin posibilidad de practicar más diligencias, existía «una duda razonable» sobre si realmente se había cometido algún delito. Y lo justificó así: los imputados «carecían de capacidad de decisión», ya que la aprobación del rescate correspondió en exclusiva al Consejo de Ministros, el órgano que acordó y concedió la ayuda pública a Plus Ultra. De esta forma, el juzgado cerró entonces el procedimiento al entender que la responsabilidad, en caso de haberla, no recaía en las personas físicas o jurídicas que habían sido denunciadas.
