Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la venta de productos de lujo a una clienta china vinculada a una red de lavado de dinero. Según información publicada por The New York Times, la Fiscalía sospecha que la filial de la reconocida marca francesa podría haber incumplido las normas contra el blanqueo de capitales al no reportar patrones de compra sospechosos.
La mujer investigada, identificada solo como Bei W. debido a las restricciones legales vigentes en Países Bajos, está acusada de haber lavado cerca de 3 millones de euros —unos 3.5 millones de dólares— entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. Durante ese tiempo, realizó compras frecuentes en efectivo, siempre por montos inferiores al umbral de los 10.000 euros que obliga a las tiendas a reportar automáticamente las transacciones a las autoridades. Esta práctica, diseñada para evitar alertas regulatorias, despertó las sospechas de los investigadores.
Entre los implicados en el caso figuran otras dos personas, una de ellas empleada de la tienda de Louis Vuitton, quien presuntamente informaba a la clienta sobre la llegada de nuevos productos. Según la Fiscalía, los artículos adquiridos eran posteriormente enviados a Hong Kong y China. La investigación reveló que los fondos utilizados por Bei W. tendrían origen en actividades delictivas ya juzgadas, lo que refuerza los indicios de que se trataba de un esquema para lavar dinero mediante el mercado del lujo.
El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el rol de las tiendas de artículos de lujo como posibles canales para actividades financieras ilícitas. Aunque estos comercios no están sujetos a las mismas obligaciones estrictas que los bancos, sí están legalmente obligados a reportar transacciones sospechosas o inusuales, incluso si los montos se encuentran por debajo del límite de notificación automática. La legislación neerlandesa exige a los comercios atender no solo a indicadores objetivos como pagos en efectivo superiores a los 10.000 euros, sino también a señales subjetivas que puedan sugerir operaciones delictivas.
Este marco legal está alineado con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal organismo intergubernamental en la lucha contra el lavado de dinero. De acuerdo con expertos consultados por The New York Times, el esquema identificado en este caso se asemeja al conocido modelo “daigou”, una práctica común de compra por encargo en el extranjero, utilizada por clientes en China para adquirir productos auténticos a menor costo. No obstante, en este caso, la diferencia clave es el uso de fondos ilícitos provenientes de redes criminales.
El interés global sobre el uso del mercado de lujo para ocultar capitales ilegales ha crecido de forma sostenida. En 2023, el gasto mundial en artículos personales de lujo superó los 400.000 millones de dólares, lo que ha encendido las alarmas entre los reguladores. Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han documentado cómo organizaciones chinas especializadas despliegan esquemas sofisticados de lavado de dinero, muchas veces con la colaboración de empleados infiltrados en empresas.
Funcionarios estadounidenses como Ricardo Mayoral, del DHS, han advertido en audiencias del Senado que estas redes criminales aprovechan las vulnerabilidades del sistema financiero global, incluyendo a marcas del mercado de lujo. Opiniones similares fueron compartidas por James R. Richards, exejecutivo de gestión de riesgos en Wells Fargo, y Alex Zerden, exfuncionario del Departamento del Tesoro, quienes coinciden en que, pese a los avances regulatorios, los criminales continúan adaptándose para explotar los puntos ciegos del sistema.
La Fiscalía de Países Bajos mantiene abierta la investigación y ha confirmado que Louis Vuitton permanece bajo observación. El caso podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de las marcas de lujo en la prevención del lavado de activos y el fortalecimiento de los mecanismos de debida diligencia en este sector.
